Seúl, Corea del Sur – A pocas horas de haber sorprendido al país y al mundo este martes con la declaración de ley marcial, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció su levantamiento tras intensas protestas e incertidumbre.
En un mensaje televisado, el mandatario informó que derogaría la medida una vez lograra reunir al número requerido de miembros de su gabinete, y cumplió con esa promesa poco después.
La ley marcial, que confiere a las autoridades militares amplios poderes sobre el gobierno y limita ciertas libertades públicas, no había sido aplicada en Corea del Sur en más de cuatro décadas. Yoon justificó su implementación argumentando la necesidad de «proteger el orden constitucional democrático» frente a «fuerzas pronorcoreanas» que, según él, operan dentro del país.
Sin embargo, el anuncio desató una ola de tensiones. El Parlamento, controlado por la oposición, convocó una sesión de emergencia y aprobó bloquear la medida, una decisión respaldada tanto por líderes opositores como por figuras del propio partido del presidente.
La reacción pública fue contundente. Manifestantes se congregaron alrededor del Parlamento, expresando su rechazo con gritos y pancartas mientras la policía y las sirenas llenaban el ambiente. En medio del caos, tropas militares ingresaron al edificio legislativo, generando momentos de confusión. Finalmente, el recinto fue desalojado, según declaraciones de la agencia Yonhap.
El presidente anunció la retirada de la ley marcial en medio de celebraciones de la multitud congregada frente al Parlamento, aunque los manifestantes advirtieron que permanecerán allí hasta que todas las fuerzas de seguridad abandonen el lugar.
La medida generó especulaciones sobre las motivaciones del mandatario para recurrir a una decisión tan drástica. Desde que perdió el control del Parlamento este año, el gobierno ha enfrentado desafíos para aprobar leyes y manejar las tensiones políticas, incluyendo un intenso debate sobre el presupuesto nacional.
Críticos han acusado a Yoon de utilizar la ley marcial como una táctica antidemocrática, señalando que invocó una amenaza de seguridad nacional sin fundamentos claros para neutralizar a la oposición.
El episodio marca un momento de alta tensión en la política surcoreana, con preguntas persistentes sobre la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.
